Sus morosos y nuestros morosos

La semana pasada supimos que solamente 6.084 españoles deben a Hacienda 15.237 millones de euros. Según datos de 2023, hay 19,5 millones de declarantes, de manera que 6.084 son el 0,03%. Ese mismo año, 2023, el Estado ingresó vía impuestos 271.935 millones, así que los 15.237 millones que deben el 0,03% de los españoles suponen el 5,6% de lo que pagamos en un año entre todos.

El famoso Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia proyectó para 2021 un gasto de 26.634 millones, es decir, que el 57% se habría pagado con lo que deben tan solo 6.084 personas. Se podrían realizar muchas comparaciones y ver la cuestión desde muy diversas perspectivas, pero todo nos llevaría al mismo lugar: la desigualdad es tan brutal en España que con lo que muy pocos deben, todos podríamos vivir algo mejor.

En realidad, de eso va justamente la gestión de un Estado sostenible a largo plazo: de que la justicia social no quede tan difuminada que a la ciudadanía le deje de importar el Estado. Y el fracaso de las democracias liberales contemporáneas, que agonizan entre el populismo y la demagogia, entre la ineficacia y la ausencia de valores, tiene mucho que ver con su incapacidad para que cada ciudadano disfrute del producto de su trabajo, lo que resulta completamente incompatible con que unos pocos —cada vez menos— tengan derecho ilimitado a la acumulación de capital, incluyendo la evasión fiscal.

Una de las cuestiones más deshonrosas para un Gobierno —y mucho más si ese Gobierno se reclama de izquierdas— es que las listas de ricos morosos varíen muy poco. Es decir, que estos morosos de lujo lo sigan siendo crónicamente, sin que, en la mayoría de los casos, terminen pisando la cárcel ni la sociedad pueda ajustar cuentas con ellos de ninguna manera.

Una de las cuestiones más deshonrosas para un Gobierno —y mucho más si ese Gobierno se reclama de izquierdas— es que las listas de ricos morosos varíen muy poco. Es decir, que estos morosos de lujo lo sigan siendo crónicamente, sin que, en la mayoría de los casos, terminen pisando la cárcel ni la sociedad pueda ajustar cuentas con ellos de ninguna manera.

Nuestros morosos, nuestros pequeños y humildes morosos, sin embargo, no corren la misma suerte. Ancianas desahuciadas de sus hogares por haber sido adquiridos por fondos-buitre, conductores acosados a multas por la Administración a causa de errores y negligencias de la propia Administración, nóminas embargadas y cuentas corrientes bloqueadas a trabajadores y autónomos por no poder asumir pagos cotidianos o impuestos elevados sobre el trabajo que limitan enormemente el margen de maniobra de las familias.

La pequeña, la mínima propiedad (vivienda habitual, vehículo, cortos ingresos por trabajo) se ve, así, disminuida y tensionada por el mismo Estado que permanece impasible ante la gran propiedad, la suntuaria, la del exceso y la obscenidad.

Esta quiebra social hace que reaparezca la vieja división social élite/ciudadanía que las democracias pretendieron desterrar. Gobernantes que persiguen a los pobres y son cómplices de los ricos es la razón fundamental por la que el orden social que conocíamos se desmorona ante nuestros ojos.

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