El alcalde de Almaraz asegura que la población "está asustada"

La cascada de reacciones tras el anuncio de cierre de la central nuclear de Almaraz no cesa. El alcalde de este municipio cacereño, Juan Antonio Díaz, aseguró ayer que la población está «asustada» porque la clausura de la planta supondría «un declive» y sería «la ruina» de la comarca de Campo Arañuelo. «Ahora mismo, Almaraz es la empresa mayor de la comarca, donde hay unas 4.000 personas trabajando, no diariamente, pero prácticamente todo el año, por lo que la comarca se vería en un deterioro que no vamos a ser capaces de levantarla», lamentó.

Cabe recordar que el Gobierno ha sacado a concurso público un contrato de 28 millones de euros para el desmontaje de la central. El calendario oficial establece que el reactor I deje de funcionar en noviembre de 2027 y el reactor II en octubre de 2028. En declaraciones a Europa Press, Díaz explicó que la sociedad pública Enresa tiene como objeto realizar el estudio y documentación para la autorización del desmantelamiento de la central, a través del Plan de Residuos Radioactivos puesto en marcha por el Gobierno, que está «poniendo trabas» para su continuidad.

La Junta de Extremadura explorará todas las vías para "reconducir" el cierre de Almaraz

Mercedes Morán, sobre la central de Almaraz: "Se pretende sentenciar a la nuclear extremeña"

«Hay un calendario aprobado, pero vamos a luchar para que no sea el inicio del fin sino el comienzo de una nueva era para la central Nuclear de Almaraz», aseguró. Así, Díaz destacó que la Unión Europea considera la energía nuclear como una energía «verde», «limpia» y que «no emite» CO2 a la atmósfera, por lo que va a luchar para que Almaraz «siga funcionando». En este punto, anunció que el consistorio presentará un estudio de impacto socioeconómico del cierre de la central cacereña y «tomarán medidas» para evitar el cierre. 

Explorando todas las vías

Por su parte, la Junta de Extremadura está explorando «todas las vías» para tratar de cambiar el futuro de la planta. «Es un auténtico atropello a Extremadura», dijo ayer la portavoz del Ejecutivo autonómico, Victoria Bazaga, quien explicó que el Gobierno extremeño cree que la situación se puede «reconducir». «La actitud de la comarca y también de las empresas es clara. Seguiremos luchando», afirmó la portavoz tras lamentar que haya sido precisamente un exconsejero extremeño (José Luis Navarro, al frente de Enresa desde 2018) el que haya dado la orden para desmantelar la central sabiendo de su «necesidad» para Extremadura.

Asimismo, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, criticó que la presidenta de la Junta, María Guardiola, no haya sido capaz de convencer a las empresas que gestionan la central para solicitar una prórroga de su actividad, como ya ocurrió en 2019.

Gallardo ha subrayó que han sido las empresas las que han solicitado las que han solicitado a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) que licite los trabajos de ingeniería para acometer el desmantelamiento de Almaraz por casi 28 millones de euros, recogidos en el VII Plan General de Residuos Radiactivos.

Por lo tanto, recomienda a Guardiola «si tan interesada» en la continuidad de la planta, que convenza a las empresas para que presenten formalmente petición donde procede en lugar de reclamar al Gobierno de España.

También se pronunció ayer sobre este asunto la Confederación Independiente de Empresarios de la Provincia de Badajoz (Ciem), que pidió «poner freno al error histórico» que representará el cierre. En una nota, la patronal pacense lamentó que «no haya por el momento una alternativa» al impacto de esta decisión en la economía regional, en el empleo de la zona y en el mix energético. Resaltó la capacidad acreditada de la industria para generar empleo de calidad, fijar población y propulsar el crecimiento económico del tejido empresarial de la zona y de Extremadura a través de contratos con empresas auxiliares.