Patriotismo constitucional

Siguiendo las enseñanzas del profesor Francisco Manuel García Costa, al hablar de memoria y educación, si queremos reforzar los valores del denominado patriotismo constitucional, habría que condenar, sin ambages, el golpe de Estado y la dictadura franquista. Y proceder a la desvictimización real, del mismo modo que se hace con las del terrorismo.

Es por ello muy importante el conocimiento, reivindicación y defensa de los valores democráticos. De los derechos y de las libertades. En definitiva, de la historia contemporánea de España, haciendo hincapié en la pérdida de los mismos en el periodo 1936-1978.

Es lo que hemos tratado de mostrar, desde la Diputación de Cáceres, a un grupo de alumnos de la Universidad de California que nos han visitado esta semana. A veces, da la sensación de que tienen mucha más conciencia de la necesidad de incluir los temas de la historia de la democracia desde sus orígenes hasta la actualidad en el currículum educativo, que muchos de nuestros jóvenes españoles. Me resultó curioso que cuando yo me refería a la Constitución de 1812 la profesora que traducía mis palabras les decía a los alumnos norteamericanos ‘la Pepa’.

La transacción entre las llamadas dos Españas supuso el olvido de la ilegitimidad del franquismo, apoyado en la Ley de Amnistía de 1977. La nueva sensibilidad, una vez asentada la democracia, permite que volvamos a recurrir al patriotismo constitucional.

Por eso el fiscal del Tribunal de Cuentas, Carlos Castrejana, habla de la justicia transicional. Se trata de analizar los procesos de transición, caracterizados por una herencia de violaciones masivas de los derechos humanos y por una crisis institucional inherente en todo cambio político (fundamentalmente en las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo) y donde se hace difícil que opere la justicia ordinaria.

Uno de los casos más mediáticos en España es el de los bebés robados. A nada que indagues te encuentras con personas que conocen o te señalan situaciones en las que se pierde la duda ante esta catástrofe humanitaria. Ello permitiría contar con una ciudadanía más libre, tolerante y con sentido crítico. Es, por consiguiente, uno de los objetivos de las administraciones públicas. Velar para que los cimientos del sistema de convivencia que está perdurando en nuestros días, no solamente siga consolidándose, sino que no se deteriore.

Y no es tarea fácil. En primer lugar porque buena parte de los responsables públicos no se comportan con carácter ejemplarizante. Es obvio que no son capaces de cumplir las mínimas reglas del juego. Quizás porque dentro de sus partidos se premie el ruido, el enfrentamiento, el trazo grueso. Quizás porque se haya perdido, si alguna vez se consiguió, el respeto hacia aquellos que, ya sea por su nivel intelectual, ya sea por la claridad en la expresión de sus ideas, planteaban sus postulados en otros momentos o en otros escenarios. Posiblemente a eso podamos ayudar con medidas de formación y/o de educación.

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