Mateos esperará a que esté registrado el proyecto para pronunciarse sobre la mina de Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, mostró cautela este martes sobre el proyecto de la mina de Valdeflores. Era su primera intervención desde que es regidor para hablar de la mina subterránea. Fue a la salida de una entrevista con miembros de la plataforma ciudadana Salvemos la Montaña. No dio una opinión oficial, como cabeza del gobierno municipal, sobre la iniciativa para extraer litio de la Montaña, esperará a conocer los documentos que registre Extremadura New Energies (ENE) en la Junta cuando pida la concesión de explotación del yacimiento. «Una vez que el proyecto se presente y una vez que se recaben los informes y se emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), habrá que valorar el proyecto y habrá que adoptar una posición» sobre el mismo, afirmó.

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La empresa tendría hasta el próximo abril, hasta 30 días después del plazo de vigencia del permiso de exploración que tiene concedido desde marzo, para presentar la documentación para optar a la concesión de explotación del yacimiento, aunque en la información oficial difundida por parte de la empresa matriz, Infinity Lithium, que es la que está detrás del proyecto, el gerente de ENE, Ramón Jiménez, afirmó que se intentará presentar antes de fin de año. Entre la documentación que se debe aportar está el proyecto de explotación de la mina, el plan de restauración del terreno en el que se actuaría, el estudio económico sobre la viabilidad de la iniciativa y el estudio de impacto ambiental. Para la elaboración de este último la Junta ya emitió un documento de alcance en base a un avance inicial del proyecto que la empresa presentó el pasado septiembre en Mérida.

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El alcalde recordó este martes que ese avance inicial no es el proyecto en sí, por lo que no puede pronunciarse en base al mismo, por tanto esperará. «Nosotros no conocemos el proyecto de la mina porque a día de hoy no se ha registrado y por lo tanto nos parecería irresponsable hacer un pronunciamiento sobre un proyecto que no conocemos», reiteró.

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Lo que sí hizo el regidor fue dar algunas ideas básicas o líneas que no se superarán, todas generales y dentro de lo normal. Así afirmó que hay «una línea que para nosotros es infranqueable, que es el respeto a la legalidad». Luego dio otras dos. La primera obligada por ley, y es que la Declaración de Impacto Ambiental tiene que ser «favorable». Y la segunda es que el proyecto de la mina tiene que tener asociado la implantación de industrias en Cáceres, «solo si fuese respetuoso con el medio ambiente y trajese industrias asociadas, nosotros valoraríamos el proyecto de la mina, pero eso es estar en una hipótesis y tenemos que ir paso a paso», subrayó el alcalde.

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Preguntado si como empresa asociada valdría solo la planta que proyecta la empresa para transformar el mineral en hidróxido de litio, Mateos contesto que cuando se conozca el proyecto «vamos a ver qué industrias asociadas nos presentan ellos y si consideramos que no es suficiente, vamos a pelear para que haya otro tipo de industria (...) no quiero que Cáceres sea una ciudad que solo aporte la materia prima y que el valor añadido se vaya, no solo a otros puntos de la región, sino de España».

Este martes fue su reunión con la plataforma, a la que también asistieron los concejales de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Públicos, pero con anterioridad ya había mantenido un primer contacto con la empresa de la mina, un encuentro que fue «institucional y formal». Mateos adelantó que se volverá a reunir con los representantes de la empresa «una vez que se presente el proyecto (toda la documentación para pedir el pase del permiso de exploración a autorización de explotación del yacimiento)». Una vez que esté registrado, «me gustaría sentarme con la empresa para conocer de primera mano el proyecto, deben ser ellos quienes me lo presenten y quienes me expliquen el proyecto a mí y a los miembros del equipo de gobierno» municipal», aseguró.

Mateos se comprometió en la reunión de este martes con los miembros de la plataforma «a la mayor transparencia» en la tramitación y en los informes que tenga que emitir el ayuntamiento en relación a la mina, «estará a su disposición aquella información que es publica y que está en el expediente administrativo que consta en el ayuntamiento», manifestó.

La participación más importante del ayuntamiento en relación con el proyecto de la mina será en el momento en el que se tenga que decidir sobre el plan de urbanismo, cuya modificación es necesaria para que el proyecto salga adelante. Preguntado sobre en qué situaciones o casos se modificaría el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo, Mateos insistió en que es muy complicado «trabajar con hipótesis (...) lo primero que tenemos que ver es si es necesario o no modificar el plan, y si es necesario ver qué tipo de alcance tendría». El alcalde sí recordó que una vez que se registre el proyecto, por la empresa para pedir la concesión de explotación, por parte de la Junta, si considera conveniente, se solicitará al ayuntamiento que «emita algún informe, fundamentalmente sobre el alcance que puede tener el proyecto -de la mina- en el plan general de urbanismo».

El plan general será necesario modificarlo porque, con independencia de que al yacimiento de Valdeflores se llegue por el subsuelo y no se afecte a la superficie (en esta zona el plan impide las actividades extractivas), las tres ubicaciones que se proponen por parte de la empresa para la planta industrial de procesado del mineral para transformarlo en hidróxido de litio están situadas en suelos que tienen algún tipo de protección ambiental en el plan de urbanismo, solo por esta razón es necesario cambiar el plan de urbanismo para que la iniciativa pueda hacerse. Pese a que en los suelos donde se propone hacer la planta se permitan las actividades extractivas, la industria que se plantea se hace sobre la superficie.

«Por las referencias que tenemos, tantos legales como administrativas, sí se requeriría un cambio del plan general» si se quiere hacer la mina, comentó Eduardo Mostazo, uno de los portavoces que tiene la plataforma. «Pretendemos que se cumpla ese plan general de urbanismo, que excluye los usos extractivos en ese suelo -Valdeflores-» y que aleja cualquier actividad extractiva «a un mínimo de dos kilómetros del casco urbano». Mostazo adelantó que «en el caso de que el proyecto siga adelante, tendríamos que seguir resistiendo en los tribunales».

Mostazo aseguró, en su intervención tras la del alcalde, que la empresa «no pretende traer industrias, sino no sacar de aquí trailers con el mineral en bruto y transformarlo en una planta de procesado», aludiendo a continuación a lo indicado por el Consejo de Seguridad Nuclear en el informe que aportó al estudio de alcance con las indicaciones que la empresa tiene que tomar en consideración para redactar el estudio de impacto ambiental. En ese informe se concluye que «dado que el objeto del proyecto es la producción de concentrado de hidróxido de litio (o un compuesto similar), las actividades mineras y de concentrado son susceptibles de producir un impacto radiológico significativo sobre la salud humana y el medio ambiente".

Y se añade que la identificación del potencial impacto radiológico deberá centrarse en la posible presencia «de material radiactivo de origen natural asociado al mineral, a los estériles y residuos de producción y al concentrado, así como en la gestión de aguas y lixiviados, en caso de que estos puedan presentar concentraciones de radionúclidos naturales significativamente superiores a los valores típicos del entorno».

En el informe que el ayuntamiento hizo con sus consideraciones para el documento de alcance, se sigue recordando que el yacimiento en Valdeflores se localiza cuarenta metros por debajo de un suelo donde «la actividad extractiva no está permitida» en el plan de urbanismo. No se hace ninguna consideración precisa sobre si esa prohibición de excavar también afecta al subsuelo. Solo se recuerda que el yacimiento de litio se encuentra debajo de un suelo (no urbanizable de protección Masa Forestal y Montaña en su grado dos) donde la normativa urbanística municipal no permite que se hagan extracciones por los valores ambientales que se da al terreno.

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