La Policía Nacional de Plasencia ve malversación en el uso de un coche de la Policía Local en Portugal

La Policía Nacional de Plasencia ha concluido ya su investigación sobre lo ocurrido en agosto del 2020, en que un miembro de la Policía Local cogió un coche policial para realizar un viaje a Portugal y se saltó varios peajes, de forma que el país vecino reclama al ayuntamiento el pago de la deuda. El cuerpo nacional considera que la persona que utilizó el vehículo, a quien ha podido identificar, ha cometido un delito de malversación y ya ha remitido el resultado de su investigación a los juzgados placentinos.

Respeto a la identidad de la persona que presuntamente cometió este delito, ni la Policía Nacional ni el juzgado la han desvelado. En el caso del juzgado, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha señalado que el asunto ha entrado en Decanato, pero aún no se ha repartido, por lo que no se sabe aún en qué juzgado va a caer el asunto, no se han abierto diligencias ni se ha citado a nadie como investigado.

Según ha podido saber este periódico, el traslado de la información a la sede judicial se hizo la semana pasada, el lunes 5 de junio. La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura ha confirmado que "la investigación ya está judicializada, todo está remitido al juzgado", que tendrá "la última palabra".

Pena de prisión y suspensión de empleo o cargo público

La jefatura regional apunta que "estaríamos hablando de un delito de malversación de uso", recogido en el artículo 432 bis del código penal, que dice textualmente: "La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años. Si el culpable no reintegrara los mismos elementos del patrimonio público distraídos dentro de los diez días siguientes al de la incoación del proceso, se le impondrán las penas del artículo anterior".

En este caso, el vehículo está reintegrado en la flota de la Policía Local y, según señaló el alcalde, Fernando Pizarro, el pasado mes de enero, fue cedido por el Ministerio de Sanidad tras incautarlo en una redada de drogas.

Pizarro dijo también haber solicitado a la policía que, cuando hubiera información sobre el caso, se transmitiera a todos los grupos políticos a la vez. Sin embargo, el cuerpo nacional ha señalado que no puede informar sobre el resultado de la investigación, a pesar de que el ayuntamiento es el denunciante. Lo que deberá hacer es personarse en el juzgado como parte perjudicada para tener acceso a la información.

En principio, Portugal ha reclamado 70,70 euros por cuatro peajes impagados, cantidad que podría haber aumentado en este tiempo por intereses, como ha apuntado Pizarro, que ha señalado además que deberá ser el conductor del coche policial quien la pague.

Se da la circunstancia de que el gobierno local encargó primero la investigación al intendente policial, Enrique Cenalmor, pero después la traspasó a un inspector por falta de resultados. Finalmente, se denunció el hecho y se dejó en manos de la Policía Nacional.

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