Representantes de los empleados públicos de Extremadura, convocados por PIDE, SAE y SGTEX, se concentraron ayer ante el Parlamento extremeño, donde entregaron un documento para pedir a los distintos grupos que negocien en los presupuestos de 2020 las partidas necesarias para atender sus demandas. Se trata, según explicaron, de recuperar el poder adquisitivo y lograr la homologación salarial con los empleados públicos del resto de autonomías, el reconocimiento y desarrollo pleno de la carrera profesional, la mejora de las condiciones laborales y el cese de las externacionalizaciones. El presidente del sindicato de profesores PIDE, José Manuel Chapado, criticó que la Junta ha elaborado para 2020 «unos presupuestos continuistas que no tienen que ver con la mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, que son al fin y al cabo los que van tirando del carro». Por ello, instan a los grupos parlamentarios a que «tomen cartas en el asunto» y planteen las enmiendas necesarias para que la región pueda ofrecer servicios públicos de calidad, que «ahora mismo son insuficientes y mejorables».
Por su parte, la secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos Auxiliares de Enfermería (SAE), María Victoria González, lamentó la situación que vive la sanidad extremeña, donde, debido a la escasez de personal, «está la gente sin descansar, doblando turnos y sin hacer conciliación familiar». Finalmente, el secretario regional de SGTEx, Rafael Bravo, criticó las encomiendas con empresas públicas como GPEX, que dan empleo a 1.326 personas por la «puerta de atrás» y que «desplazan de un modo u otro» a los empleados públicos que han concurrido a unas oposiciones bajo los criterios de igualdad, capacidad y mérito.
