Informe del Índice DEC de desarrollo de servicios sociales
Extremadura, a la cabeza en gasto social pero a la cola en la gestión de servicios
La región es de las que más invierte por habitante (633 euros); en cambio, la cobertura en prestaciones como la teleasistencia, la ayuda a domicilio o a las mujeres maltratadas está muy por debajo de la media
![Mayores en sillas de ruedas, en una fotografía de archivo.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/40f62dbc-7b44-4332-a282-e3864fab026e_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Mayores en sillas de ruedas, en una fotografía de archivo. / El Periódico
Extremadura invierte 633 euros por habitante en servicios sociales, muy por encima de la medida estatal, que se sitúa en 512 euros. Es la tercera comunidad que más gasta por vecino, solo por detrás de País Vasco, que destina 961,93 euros, y de Navarra (709 euros), según los datos del informe DEC, que analiza el desarrollo de los servicios sociales, elaborado por la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales. La extremeña es, además, la que más gasta en esta materia con respecto a su Producto Interior Bruto (PIB), en concreto dedica el 2,96%.
En cambio, eso no se traduce en las prestaciones que reciben los extremeños, pues según este informe está a la cola en la gestión de estos servicios: es la segunda con peor puntuación en cobertura, solo por delante de Canarias. «La relevancia económica del sistema no se refleja en una proporción similar en la oferta de prestaciones y servicios», advierte el informe.
Los servicios más deficitarios son la ayuda a domicilio, con una cobertura del 0,64%, muy lejos de la media estatal, que se sitúa en el 7,57%. También es «extraordinariamente baja» la prestación de la teleasistencia, con una cobertura del 2,15% frente al 14% de la media. La región está a la cola asimismo en la acogida a mujeres víctimas de violencia de género, pues solo cuenta con 6,2 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección, cuando la media del conjunto nacional está en 14,25 plazas por cada 100 maltratadas. E incluso en la atención a las personas sin hogar, ya que solo ofrece 35,2 plazas por cada 100.000 habitantes, cuando la media se sitúa en 58,5.
Pocos profesionales
La baja cobertura se extiende también a la red básica de servicios sociales ya que, según los datos de este informe, la región solo cuenta con un profesional por cada 2.929 habitantes, frente a la ratio de un trabajador por cada 1.651 habitantes del conjunto del estado. Y a las rentas mínimas de inserción, que solo percibe el 5,7% de las personas bajo el umbral de la pobreza en Extremadura, frente a la media nacional, que está en el 7,99%.
El informe sostiene, no obstante, que la región ha mejorado en su gestión en los últimos 12 años, pero advierte de que sigue habiendo «desequilibrios». «El principal de estos desequilibrios estructurales, endémico del sistema público de servicios sociales en Extremadura, sigue siendo la ratio cobertura/gasto, que evidencia que, a pesar de la mejora registrada, Extremadura sigue siendo la comunidad menos eficiente en la gestión», puntualiza el colectivo.
«Extremadura ha dado la espalda a las entidades locales por eso tiene los servicios más ineficientes»
La principal causa de esta ineficiencia es que la gestión de los servicios sociales no se realiza desde las administraciones locales, tal y como explica el presidente de la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, José Manuel Ramírez: «Se da la espalda a las entidades locales. Con Castilla y León, Navarra y País Vasco se demuestra la eficacia, coordinando los servicios con los ayuntamientos y con las diputaciones», sostiene. Y pone un ejemplo: en la región extremeña la ayuda a domicilio se gestiona desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. «Es una sinrazón y eso explica el resultado tan paupérrimo. Con el dinero que se gastan podrían hacer mucho más», reprocha. Y agrega: «¿Quién conoce mejor a las personas dependientes que el trabajador social del pueblo o del barrio? La gente que está en Mérida no conoce nada que nada, solo gestiona papeles».
De espalda a lo local
En Extremadura, explica el informe, las administraciones municipales desarrollan sus servicios en paralelo a los autonómicos, «lo que inevitablemente» produce «solapamientos, zonas de sombra e ineficiencias». No se trata, por tanto, solo de descentralizar la gestión, sino de «vertebrar, de organizar racionalmente el sistema sin dar la espalda a una actuación local que, bien ordenada y financiada, puede ofrecer mejores cotas de cobertura», sostiene esta asociación.
En la región tampoco se ha trabajado por mejorar los servicios sociales de atención primaria, que carecen de una estructura sólida, pues únicamente cuentan con los trabajadores sociales. «Todas las comunidades menos Extremadura han creado una estructura básica de servicios sociales, con un director, un coordinador de dependencia, otro de infancia y familia,... Pero en Extremadura seguimos como en los años 80. Esto es como si en los centros de salud siguieran estando solo los médicos de cabecera, en lugar de haber añadido otros servicios como la enfermería o el dentista», critica José Manuel Ramírez.
No obstante, sí hay servicios en Extremadura que se prestan de forma eficiente. Es el caso de la atención a la dependencia, pues cuenta con 5,2 plazas residenciales por cada 100 mayores de 70 años, por encima de la media nacional, que se encuentra en 3,91 plazas. O en los centros de día para mayores, ya que la región cuenta con 2,77 por cada 100 ancianos, frente a los 0,96 de la media estatal.
Ayuda a la dependencia
Precisamente esta semana se conocieron los datos de atención a la dependencia facilitados por el Instituto de Estadística de Extremadura. A 30 de junio había 2.281 personas solicitantes de la ayuda pendientes de la resolución de grado de dependencia y 4.798 beneficiarias con derecho a prestación se encontraban a la espera de su Programa Individual de Atención (PIA).
Además, hasta esa fecha, 58.675 personas habían solicitado la valoración del grado de dependencia, el 54,89% de ellas correspondientes a personas de 80 años y más. Por sexo, el titular de las solicitudes era mujer en el 63,28% de los casos y el 36,72% hombres, y de las personas que habían pedido la valoración de grado, el 96,11% tenía una resolución vigente en la fecha citada.
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