Sesión extraordinaria en la Asamblea de Extremadura

El Debate sobre el Estado de la Región culmina con la aprobación de 63 propuestas de resolución

Vox vota en contra del teléfono LGTBI y las oficinas de igualdad pero las medidas salen adelante gracias al apoyo del PSOE y Unidas

El PP apoya la propuesta de sus socios de gobierno para agilizar las obras del regadío de Tierra de Barros

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, al inicio de la segunda sesión del debate sobre el estado de la región.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, al inicio de la segunda sesión del debate sobre el estado de la región. / Jorge Armestar

Las más de 10 horas de debate parlamentario que ha vivido la Asamblea de Extremadura este lunes y martes culminan con la aprobación de 63 propuestas de resolución, la mayoría del PP y Vox. En total se han discutido 354, después de que la Mesa de la Cámara no admitiera a trámite cuatro de Unidas por Extremadura por no ceñirse a los temas tratados en el debate o las competencias de la Junta de Extremadura.

El PP ha logrado sacar adelante 37 de sus 39 propuestas, que recogían las medidas anunciadas por la presidenta del Ejecutivo, María Guardiola, en el discurso del lunes. Vox ha votado en contra del teléfono LGTBI y el aumento de las retribuciones del personal de las oficinas de igualdad, pero ambas han podido aprobarse con el apoyo del PSOE y Unidas por Extremadura. «Por ahí no vamos a caminar», señaló el diputado Javier Bravo. «A lo mejor la Asociación de Bigotudos que Fuman también quieren otro número de teléfono para que les asesoren», ironizó. 

No ha ocurrido lo mismo para el canal telemático de atención a víctimas de violencia machista y la propuesta para convertir las oficinas de igualdad en emplazamientos desde donde la víctima pueda declarar al juzgado, que han decaído. Todas las demás, incluida la bonificación del 50% en el IRPF para nuevos residentes, han salido adelante con el apoyo de Vox.

Apoyo a la tauromaquia

La formación de Santiago Abascal ha podido aprobar también sus cuatro propuestas de resolución presentadas. El portavoz de Vox, Óscar Fernández, fue el encargado de defenderlas, destinadas a agilizar el regadío de Tierra de Barros y otras infraestructuras rurales; la mejora de las condiciones laborales de los bomberos forestales y un plan de prevención de incendios.

También demanda medidas para fomentar la caza y la pesca con la ampliación y revisión de los tramos de pesca nocturnos, un centro de referencia de la perdiz roja y un plan de recuperación del conejo. Por último, Vox reclama una estrategia de impulso a la promoción y divulgación de la tauromaquia en Extremadura, las ganaderías y escuelas taurinas.

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, defendió sus 12 propuestas de resolución. Entre las más novedosas, Álvarez destacó el denominado Plan 80.000, destinado a la adquisición de primera vivienda preferentemente para jóvenes en poblaciones de más de 10.000 habitantes a través de la cesión de suelo público y con un coste máximo de 80.000 euros.

Entre sus aportaciones, los socialistas también reclamaron el regadío de Tierra de Barros o la vuelta a la gratuidad de los comedores escolares, pero ninguna de ellas está entre las dos aprobadas: una para agilizar procesos de selección y otra para el fomento de la cultura sin censura. 

Unidas por Extremadura logró sacar adelante 20 de las 229 propuestas de resolución defendidas en el debate sobre el estado de la región. El Plan Estratégico de Atención Primaria, el desarrollo de las leyes de protección de la agricultura y ganadería social y familiar de montaña o un plan de activación para el sector forestal son algunas de sus alternativas.

También se ha aprobado un pacto regional por la cultura o ayudas a la conciliación, pero Unidas no ha logrado el apoyo de la Cámara para sacar adelante las propuestas que tienen que ver con la justicia energética, el sistema de financiación o un plan de choque contra las listas de espera sanitaria.