Pendiente de su inclusión en el Plan Hidrológico Nacional de la Cuenca del Guadiana

La Junta de Extremadura trabaja ya para "recolocar" los fondos europeos del regadío de Tierra de Barros

El Ejecutivo autonómico está preparando un plan para que los 173 millones de euros que tienen que ejecutarse antes de 2025 no se pierdan. Higuero insiste en que el Gobierno "se pone de perfil" y ha pedido una reunión a la ministra de Transición Ecológica para que se posicione públicamente sobre el proyecto

Zona de cultivo en Tierra de Barros.

Zona de cultivo en Tierra de Barros. / EL PERIÓDICO

La Junta de Extremadura trabaja ya para recolocar los 173 millones de euros de fondos europeos que iban destinados a financiar el regadío de Tierra de Barros, y que se perderán si no están ejecutados antes del 31 de diciembre de 2025. Con el proyecto atascado en Bruselas, es más que evidente que esa fecha no se podrá cumplir y aunque el Ejecutivo autonómico seguirá "luchando hasta el final", se ve obligado a destinar ese montante a otras partidas. "No es fácil colocar tanto dinero, pero no vamos a perder esos fondos", ha señalado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Enrique Higuero.

El Programa de Desarrollo Rural (PDR) vigente fija el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para que la Junta de Extremadura cumpla la ejecución de diversas partidas, entre ellas las destinadas a los nuevos regadíos. Para el de Tierra de Barros se reservaron 173 millones de euros y dado el retraso actual del proyecto (ni siquiera han llegado a licitarse las obrsa de ejecución, previstas en ocho lotes), es más que evidente que tal cantidad no se podrá justificar por esta vía.

En rueda de prensa, Higuero ha insistido este miércoles en que para desbloquear el proyecto es necesario que el Ministerio de Transición Ecológica lo incluya en el Plan Hidrográfico de la Cuenca del Guadiana, una petición que ya se cursó por carta al departamento que dirige Teresa Ribera. Según Higuero, la Junta ha recibido la respuesta, también por escrito, este mismo miércoles. "Se ponen de perfil, no están muy a favor del proyecto", lamenta. Por ello, han solicitado una reunión presencial a la ministra, "para que se posicione y muestre su apoyo abiertamente". "(Ribera) le echa la culpa a Europa por los temas ambientales y nosotros necesitamos un gobierno fuerte, es fundamental que nos apoyen", ha reiterado. La Junta exige además al Gobierno que ponga sobre la mesa fondos estatales, en el caso de que finalmente la Comisión Europea rechace el proyecto.

Más de una década de espera

El proyecto de regadío en Tierra de Barros vive sus momentos más difíciles desde que se pusiera en marcha hace más de una década. Cuando parecía que las obras podrían comenzar en esta próxima primavera, la advertencia de la Comisión Europea (que ya hizo a la Junta de Extremadura en 2021) de disponer de todos los detalles medioambientales en regla puede tumbar el plan más ambicioso de la historia de la historia de esta comarca.

La inversión total del proyecto se cifró inicialmente en 258 millones de euros, pero una actualización de precios llevada a cabo en noviembre de 2023 elevó la cantidad hasta los 353 millones. De esta cifra, 173 millones se iban a financiar con fondos europeos y el resto con fondos propios de la Junta (asumirá el sobrecoste de 95 millones) y los agricultores.

Para contar con los fondos europeos se precisa la declaración ambiental favorable de Bruselas, pues la inversión difícilmente podría afrontarse solo con fondos propios de la comunidad autónoma. Pero aún así tampoco podría salir adelante, porque incumpliría la normativa ambiental de la UE. El gobierno del PP culpa de la situación al Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, a quien acusan de firmar el convenio con los agricultores en 2022 aún conociendo las reticencias de Europa. Los socialistas sin embargo, defienden que todo el expediente quedó listo para que las obras salieran a licitación tras el cambio de gobierno.

Desde la Junta ya se piensa en algunas alternativas en el caso de que Europa no diera un informe favorable. El condicionante fundamental es la escasez de agua. El proyecto se nutre de de presas como las de Alange o Villalba de los Barros y actualmente el estado del embalse de Alange es mínimo: no se podría regar porque la prioridad es el suministro a la población. Una de las alternativas es poder autorizar un trasvase de agua del Tajo al Guadiana, algo para lo que también se precisaría el visto bueno del Gobierno de España.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, cuestionada también sobre este mismo asunto, ha insistido en que este proyecto es "vital" para el Ejecutivo regional, por lo que "no se va a abandonar". Reitera que si es necesario, "habrá otras vías, habrá otra forma, habrá otras medidas de estudio" para sacarlo adelante, siempre "de la mano de los regantes".

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