Uno de cada cinco funcionarios de la Junta se habrá jubilado en 2030

La Junta de Extremadura afronta una profunda renovación de la normativa que regula la Función Pública en la administración general, la cual permitirá abordar algunos de los grandes retos de futuro en esta área, entre los que se encuentra la renovación del personal. «El 20% de la plantilla actual se va a jubilar en 2030 y un 61% de la plantilla lo hará antes de 2040. Esto hace necesario que nos anticipemos al futuro», señaló ayer el director general de Función Pública, Domingo Jesús Expósito Rubio, durante su comparecencia (a petición del grupo parlamentario socialista) en la comisión de Administración Pública de la Asamblea.

Expósito avanzó que su departamento va a realizar una «importante modernización legislativa», que afectará tanto a la provisión de puestos de trabajo, como al acceso a la función pública, entre otras materias. El dirigente apuntó que todas estas reformas se van a llevar a cabo tras el análisis de los resultados de la evaluación de los recursos humanos de la administración encargada a una consultoría en septiembre de 2022. «Esto no permite tener una foto fija de los recursos humanos y es el punto de partida para diseñar la hoja de ruta para lograr la modernización de la Función Pública de Extremadura, la cual necesita una profunda reforma administrativa», dijo.

Entre esas reformas, Expósito anunció una nueva ley de cuerpos y escala «que va a dotar a la Junta de una nueva ordenación y clasificación de los recursos humanos», Contemplará la creación del grupo B, que no existe en la actualidad y permitirá el acceso y reconocimiento de las titulaciones superiores de Formación Profesional. Esta nueva legislación aspira también a agrupar los puestos de trabajo por áreas funcionales, a agilizar los procesos de provisión de puestos de trabajo y a reducir la litigiosidad, entre otros.

Un reglamento de 1995

El director general avanzó además que se pondrá en marcha un nuevo reglamento general de ingreso en la administración pública, ya que el actual data de 1995. Esto posibilitará dotar a la Junta de procedimientos de selección más ágiles y adaptados a los nuevos perfiles profesionales. «Actualmente se basa solo en una prueba de conocimiento y debemos evolucionar hacia un sistema de selección por competencias donde no solo se valoren los conocimientos si no la capacidad de aprendizaje, de adaptación, la iniciativa, el procesamiento de información y el trabajo en equipo. El gran reto que tenemos es seleccionar a los candidatos más idóneos».

En cuanto al personal temporal, Expósito señaló otros objetivos, como «una adecuada constitución de listas de espera con un sistema de llamamientos basado en el uso de nuevas tecnologías y listas con mayores garantías, seguridad jurídica y agilidad», señaló antes de anunciar la necesidad de convocar una veintena de listas de espera en diferentes categorías y especialidades. 

El dirigente criticó que la regulación de la provisión de puestos de trabajo se basa en un procedimiento «tradicional y obsoleto», que a su juicio ha derivado en una excesiva lentitud de los concursos de traslados (el último se resolvió en 2017) y una «excesiva proliferación de las comisiones de servicio y de su duración». Las reformas previstas contemplan, asimismo, desarrollar los procesos de provisión a través de la libre designación:«su aumento provocará la disminución paulatina de las comisiones de servicio», dijo.

La carrera profesional horizonta supone 30 millones de euros

Entre otros desafíos, Expósito destacó desarrollar figuras de movilidad y reconocer el nivel IV de la carrera profesional horizontal en octubre de 2024, lo cual supondrá entre todos los niveles ya reconocidos destinar 30 millones de euros a este complemento, además de calendarizar el abono de la subida del 2% pendiente de 2020, impulsar la tramitación telemática en los procesos selectivos, mejorar el teletrabajo y una nueva regulación de la composición y funcionamiento de los tribunales de oposición.

Tras su intervención, el diputado socialista José María Vergeles criticó las «disonancias» ente las medidas expuestas y los fondos contemplados en los presupuestos regionales, ya que a su juicio no hay partidas para llevar a cabo las medidas anunciadas, informa Efe. Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González lamentó la falta de «objetivos concretos temporales» de estas medidas, mientras que los parlamentarios de Vox Javier Bravo y del PP Juan Luis Rodríguez aplaudieron las reformas legislativas planteadas ante normativas «obsoletas».

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