Dos años de la ley de eutanasia en Extremadura: catorce solicitudes, cinco de ellas atendidas

Catorce personas han solicitado ayuda para morir en los dos primeros años de vigencia de la ley de eutanasia en la comunidad autónoma. En cinco de estos casos, las peticiones han sido finalmente atendidas, de acuerdo a los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES). Dos de estas muertes asistidas han tenido lugar este mismo año, una en el área de salud de Cáceres y la otra en la de Llerena-Zafra. Las otras tres prestaciones se atendieron en 2022 en las áreas de Don Benito-Villanueva, Plasencia y Cáceres. 

En realidad, la ley de eutanasia entró en vigor en España el 25 de junio de 2021, si bien no fue hasta inicios de octubre de ese año cuando el Diario Oficial de Extremadura publicó el decreto que desarrollaba la ley estatal. A través de esta norma autonómica se creaba la comisión de garantía y evaluación para la prestación de esta ayuda y el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizarla. Poco después se tramitó la primera solicitud, la de una mujer de 91 años, que no pudo materializarse porque falleció un mes después de haber dado comienzo el proceso.

Esta quincena de peticiones de prestación «es una cifra muy baja. Es verdad que Extremadura se incorpora tarde a la ley, es de las tres últimas comunidades que lo hace, pero no tiene mucho sentido que en 2022 solo once personas hayan solicitado la prestación», sostiene Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

«Creo que la prestación no se solicita porque al que lo plantea le quitan la idea enseguida»

Fernando Marín

— Vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD)

En general, todas las comunidades se mueven en niveles muy bajos en la aplicación de esta ley. «Lo esperable sería que España, en el plazo de un par de años, se situará en el 1% del total de fallecimientos [por muerte asistida]», explica. Y Navarra, que es la región con una tasa más alta, está en un 0,2%. Sin embargo, este facultativo considera que solo dos solicitudes contabilizadas en lo que va de 2023 en Extremadura (hasta el 17 de octubre pasado) es un dato «preocupante» y que muestra que «algo está yendo mal». «Casi todo el mundo entiende que una persona con ELA (Esclerosis lateral amiotrófica), cuando necesita ayuda para tragar o para respirar, en un momento dado pueda decir que prefiere morir; o que enfermos de cáncer no quieran pasar por las etapas de máximo deterioro», esgrime.

La eutanasia tiene que ser presentada ante un ‘médico responsable’, que puede ser de atención primaria u hospitalaria. Este facultativo debe presentar la solicitud a un ‘médico consultor’, a quien corresponde corroborar que se cumplen los requisitos, fundamentalmente que el enfermo padece una enfermedad irreversible, con un sufrimiento intolerable y limitaciones a su autonomía. Posteriormente, la comisión de garantía de cada comunidad vuelve a examinar el caso y brinda o no su autorización. «Creo que la prestación no se solicita [en Extremadura] porque al que lo plantea le quitan la idea enseguida», zanja este médico de cuidados paliativos. En esta línea, más allá de elementos culturales o sociales distintivos que puedan existir en la región, plantea como hipótesis que explique estas pocas peticiones la de «la falta de implicación de la administración autonómica en la difusión de la ley entre los profesionales y la ciudadanía». Algo que vincula también «al escaso número de testamentos vitales» que se otorgan en la comunidad autónoma, que aquí se encuentra igualmente «a la cola del Estado». 

Pocas peticiones, muchos objetores

La situación de Extremadura entre las regiones con menos eutanasias aplicadas contrasta con el elevado número de profesionales sanitarios inscritos en el registro de objetores de conciencia de esta prestación. A fecha de 5 de octubre pasado son 598, de los que 590 pertenecen al SES, 3 al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) y los restantes 5 son externos. Por lo que atañe a la categoría profesional, 284 son médicos, 117 enfermeros, 2 psicólogos, y 193 facultativos especialistas de área. En los dos casos restantes no consta este detalle. 

De acuerdo a la información que se conoció en marzo pasado, la ratio extremeña de sanitarios objetores es una de las mayores entre todas las comunidades autónomas. En todo el país eran en aquel momento unos 9.400, y en números absolutos únicamente cinco autonomías superaban el dato extremeño: por este orden, Madrid, Aragón, Andalucía, Castilla y León, y Comunidad Valenciana. A excepción de la segunda de ellas, todas cuentan con volúmenes de sanitarios muy superiores. Y en otras en las que el número de profesionales de la medicina o la enfermería es menor, como Cantabria, La Rioja o Navarra, las proporciones de objetores quedaban también por debajo.

«Esta una ley apoyada por la inmensa mayoría de la población pero rechazada de una manera bastante beligerante por un sector minoritario de la profesión médica»

Fernando Marín

— Vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD)

«Esta es una ley apoyada por la inmensa mayoría de la población, pero rechazada de una manera bastante beligerante por un sector minoritario de la profesión médica fundamentalmente», arguye Marín. En su opinión, se trata de «una objeción preventiva, para hacer una campaña en contra de la eutanasia, promovida por los propios colegios de médicos». «Ha habido listas de correo o cadenas de Whatsapp en las que se promovía que los profesionales objetaran desde sectores muy conservadores de la profesión», remarca.

«No tiene otra explicación a que haya más de 500 personas que se hayan apuntado al registro en Extremadura. Como si hubiera colas en los centros de salud o los hospitales para pedir la eutanasia, cuando estamos hablando de menos de quince personas en dos años», critica este facultativo.

Sea como fuere, la norma garantiza que si un profesional se declara objetor, el paciente tiene derecho a ser atendido por otro sanitario. Los profesionales objetores deben informar de las solicitudes a sus superiores para que busquen otro facultativo.

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