El regadío de Tierra de Barros tendrá un sobrecoste superior a los 100 millones

El director general de Infraestructuras Rurales de la Junta, José María Sánchez, ha informado este miércoles de que el proyecto de regadío de Tierra de Barros tendrá un sobrecoste superior a los 100 millones de euros, ya que este data del año 2019 y los precios están desactualizados. Esta es la cuantía estimada que se refleja en un borrador de retasación, aunque ya se ha encargado la definitiva. Así lo ha dado a conocer ante la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Asamblea, a preguntas del PSOE y Unidas por Extremadura sobre este asunto.

En su intervención, Sánchez ha señalado que el trámite medio legal para licitar una obra con una inversión de unos 250 millones de euros "oscila entre siete y ocho meses", pero sin una serie de requisitos que no se cumplían cuando él accedió al cargo, es "imposible siquiera comenzar la licitación". Ayer entregó el listado de propietarios que desean formar parte del elenco definitivo, que incluye más hectáreas que estaban en reserva para alcanzar las 15.170, esto "quizás" genere nuevos trámites ambientales, pero se realizarán mientras se inician las obras.

Pese a ello, ha garantizado la continuidad del proyecto, por su capacidad para generar empleo y aportar riqueza, fomentar el arraigo de la juventud en sus localidades y atraer industrias transformadoras. Así, quiere "iniciar todos los estudios y trámites necesarios no solo para mejorar el regadío existente, ni para promover el proyecto de tierra de barros, sino para transformar el mayor número de hectáreas que se puedan pasar de secano a regadío".

Por su parte, el diputado socialista Valerio Marcial ha defendido que se trata de un proyecto "totalmente compatible" con el medio ambiente y con una eficiencia energética "elevada", que "va a venir a remover toda la comarca de Tierra de Barros desde el punto de vista social y energético". Igualmente, ha ensalzado la apuesta del anterior gobierno socialista por esta iniciativa.

La portavoz de Unidas, Irene de Miguel, ha criticado que se trata de “un proyecto con mucha incertidumbre que va generar más inestabilidad en el sector primario”. "El regadío en Tierra de Barros llevaría dos años sin poder coger agua. Los regantes llevarían dos campañas sin poder regar. Esto es una verdad confirmada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana”, ha manifestado.

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