La Capitalidad cultural echa a andar: «Cáceres está sorprendiendo al mundo»

La Capitalidad Cultural de Cáceres al fin echa a andar. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes la participación de la Junta de Extremadura en el convenio para la creación del consorcio Cáceres Capital Europea de la Cultura 2031, suscrito junto a las dos diputaciones provinciales y el ayuntamiento cacereño. "Es un paso decisivo para la promoción cultural y el desarrollo socioeconómico de Cáceres y de toda la región", ha defendido la portavoz y consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga.

En una rueda de prensa ofrecida en Mérida, Bazaga ha explicado que el objetivo de este consorcio es que Cáceres sea reconocida como capital europea de la cultura en 2031, para lo que la Junta de Extremadura aporta 210.000 euros. La firma del convenio se materializará este mismo jueves en un acto con la presidenta del Ejecutivo extremeño, María Guardiola; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y los presidentes de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, Miguel Ángel Morales y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente. "Estamos seguros del potencial patrimonial, turístico y cultural de una ciudad que está sorprendiendo al mundo y esperamos con sana ambición que Europa nos mire como lo que somos, un referente innovador de la cultura", ha señalado Bazaga.

La candidatura de Cáceres para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 ya tiene su marca

El consorcio se ha constituido como una entidad de derecho público y personalidad jurídica propia. Sus órganos de gobierno serán el consejo rector, el presidente, la oficina de la candidatura 2031 y el coordinador general. El objetivo, explica el Ejecutivo en la reseña del Consejo de Gobierno, es promover la cooperación y colaboración económica, técnica y administrativa entre las administraciones firmantes para potenciar y coordinar, de forma conjunta, las acciones y la gestión de servicios necesarios para impulsar la declaración de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en el año 2031.

Promoción internacional

Así, desde el Consorcio se promocionará la cultura como eje estratégico del desarrollo social y económico de Cáceres, se fomentará la ciudad como factoría de producción de contenidos culturales y se proyectará como plataforma de promoción internacional de las manifestaciones y creaciones culturales extremeñas. De igual modo, se dinamizará el conjunto patrimonial de Cáceres, se trabajará para convertir a la ciudad en un contenedor cultural con vocación internacional, como espacio de encuentro entre culturas, y se vertebrará a Extremadura como espacio cultural singular.

Para lograr estos fines, las administraciones que forman parte del Consorcio adquieren unos compromisos de financiación anuales que se acordarán en el consejo rector atendiendo a una participación del 36,36% por parte de la Junta de Extremadura, un 18,18% por cada una de las diputaciones provinciales y un 27,28% por parte del Ayuntamiento de Cáceres. Para el primer año de funcionamiento, serán unos 400.000 euros en total.

Caber recordar que la ciudad lleva trabajando en el proyecto de 2031 desde el año pasado. En septiembre, la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunció esta candidatura cuando se reunieron los ministros de Cultura de la Unión Europea en la capital cacereña. Durante este tiempo la solicitud ha ido ganando adeptos y de hecho, la creación del consorcio solo estaba pendiente del visto bueno de la Junta, un trámite que se ha solventado este martes, tal y como estaba previsto. Tanto las diputaciones provinciales como el ayuntamiento cacereño habían aprobado ya toda la documentación pertinente.

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La próxima fecha clave de la propuesta será 2025, año en el que el Ministerio de Cultura abrirá el plazo de la convocatoria para que las ciudades españolas puedan presentarse a la capitalidad. Posteriormente, se realizará una primera preselección entre los candidatos en 2026. Esta fue la fase en la que Cáceres se quedó en 2016, cuando presentó su anterior proyecto. Una vez que la ciudad sea elegida, la decisión deberá ser comunicada al Parlamento, al Consejo y a la Comisión Europea como máximo en 2027.

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