Bloque B de Aldea Moret en Cáceres: ocupación o derecho a la vivienda

El anuncio de desahucios en el Bloque B de Aldea Moret en Cáceres ha puesto en el foco de la actualidad el problema de la vivienda y sus consecuencias. Este diario ha sondeado la opinión de los grupos municipales en torno a la ocupación ilegal y el derecho a tener un techo digno.

La portavoz del PSOE, Belén Fernández Casero, no ha entrado en valoraciones porque explica que el gobierno municipal no ha facilitado a su grupo el expediente sobre los desahucios de las viviendas municipales. Hasta que no lo reciban, los socialistas no se pronunciarán, aunque, eso sí, la edil reclama «unas soluciones habitacionales con garantías» y espera que las decisiones que se adopten en el futuro «se tenga en cuenta que garantizar la vivienda es un derecho».

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La misma opinión comparte la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López. Resalta que Cáceres lleva «más de 20 años con el problema de las viviendas municipales sin solución y ahora señalamos al débil».

En este sentido, afirma que el consistorio ha tenido «tiempo más que de sobra para dar soluciones» a las viviendas vacías ofreciendo vías reguladas para poder solicitarlas. «Muchas de ellas tapiadas y en muy mal estado», argumenta.

Por ello, López precisa que se abra una convocatoria urgente para que se demande estas casas «en las que no se penalice la situación previa de ocupación», sugiere. «Sin viviendas vacías no habría 'okupas'», subraya la edil.

Sobre el informe que el Ayuntamiento de Cáceres está elaborando de manera individualizada con cada familia ‘okupa’, la portavoz señala que puede «revelar que un porcentaje importante de familias se encuentren en situación de vulnerabilidad para los que están prohibidos los desahucios sin alternativa habitacional».

«Es necesario que la administración se deje de populismo aporofóbico, y que actúe y asuma la responsabilidad», incide, para ofertar y arreglar de manera regulada todo el parque de vivienda municipal. Además, bajo su punto de vista cree que se debe dar solución «a las situaciones de vulnerabilidad residencial de las familias».

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Identificar los ‘okupas’

Por el contrario, Vox cree que se debe identificar a los ‘okupas’ de estos pisos, que justifique si necesitan estar en esas viviendas y que se actúe «conforme a la ley». «Hay que respetar la propiedad privada», especifica su portavoz, Eduardo Gutiérrez.

Asimismo, el concejal asegura que se deben construir un mayor número de viviendas sociales en Cáceres, ya que «el acceso a la vivienda es un derecho».

Bajo su punto de vista, el Imas debe establecer unos «parámetros objetivos» para solicitar estos pisos municipales sociales. Especifica que se deben establecer requisitos en función del número de convivientes, la renta económica o el periodo de tiempo que llevan solicitando una vivienda.

Además, Gutiérrez se ha pronunciado sobre el estado en el que se encuentra el Bloque B. Reconoce que saben que los residentes del edificio se han quejado sobre las condiciones. «El ayuntamiento es quien debe hacer frente a su mantenimiento. No es viable que no sea una vivienda digna en pleno siglo XXI».

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También se ha pronunciado sobre estos desahucios Una Extremadura Digna (UED). Tacha de “hipocresía” que el Ayuntamiento de Cáceres, a petición del Imas, investigue con trabajadores sociales y policías locales «el estado de vulnerabilidad de las familias que viven en las viviendas municipales recuperadas, la mayoría de ellas en Aldea Moret».

Así, UED remarca que «el objetivo municipal es pretender echar a esas familias de sus viviendas». Desde la formación piden al consistorio que supriman las cuotas que los residentes pagan por estas viviendas sociales. También solicitan que se anulen las deudas que tengan con las administraciones públicas.

Sobre el destino de los pisos tras los desahucios, UED espera que «una vez libres no se vendan a fondos de inversión o compañías privadas».

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