Ocho presas cacereñas solo tienen un año para subsanar sus defectos

Treinta y dos presas de la provincia cacereña no cumplen con las normas técnicas de seguridad en los embalses establecidas por el Gobierno (la última actualización fue el Real Decreto 264/2021, de 13 de abril), con la finalidad de proteger a las personas, el medioambiente y las propiedades. En unos casos se trata de pequeñas deficiencias, pero en otros requieren soluciones que llegan al medio millón de euros. Esto no significa que dichos pantanos supongan un riesgo inminente, si bien la Confederación Hidrográfica del Tajo obliga a que la ley se aplique y a que las carencias se subsanen dentro de un plazo determinado. En los casos de las presas tipo A (un total de 8 figuran en el listado), solo disponen de un año para aplicar una solución o tendrán que vaciarse hasta que salgan de su situación de ilegalidad.

Ha sido la propia Diputación de Cáceres la que ha decidido llevar a cabo un chequeo de todas las presas de la provincia de titularidad municipal, ante la imposibilidad de muchos pequeños ayuntamientos de afrontar esta tarea. De hecho, varios pantanos llevaban años sin las preceptivas revisiones. La institución provincial tomó la decisión tras la rotura del muro de contención de la presa de Valverde de la Vera, el 5 de julio de 2017, que provocó importantes daños materiales en calles y viviendas. La riada de lodo y agua corrió por el municipio y dejó atrapados en sus viviendas a algunos vecinos. Afortunadamente no hubo daños personales.

Fue entonces cuando la Diputación Provincial sacó a licitación, en tres lotes, la auditoría de todas las presas de carácter municipal. «Entendimos que los ayuntamientos no tienen capacidad económica ni técnica. Este año ha finalizado el estudio y se han detectado distintos problemas que requieren una inversión global de entre 6 y 8 millones de euros. Algunos embalses se hicieron en los años 70 y 80, y prácticamente no han tenido mantenimiento», explica Alfonso Beltrán, vicepresidente segundo y diputado responsable de Medio Ambiente y Transición Ecológica.

Tres niveles

El estudio identifica problemas en 32 pantanos, recoge la situación en la que se encuentran, y establece el trámite administrativo que hay que realizar para su legalización. Los divide en tres niveles. La categoría A corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes, según recoge la propia normativa. En el caso de la provincia cacereña, ocho estructuras de esta categoría tienen problemas y deben subsanarse en el plazo de un año, porque de lo contrario tienen que vaciarse. Son las de Caminomorisco, Cañaveral y La Lanchera (Hernán Pérez), las tres consideradas grandes presas, junto con cinco más pequeñas: Pinofranqueado, Malpartida de Plasencia II y III, El Cojude y El Prado (las dos últimas en Casar de Cáceres).

«Es un problema grave que excede la capacidad de los ayuntamientos, por eso ya estudiamos la forma de subsanarlo»

ALFONSO BELTRÁN

— Vicepresidente 2º de la Diputación Provincial de Cáceres

De la categoría B se han detectado otras tres con deficiencias: Piornal y Trasierra (Serradilla), ambas grandes presas, además de la más pequeña de El Boquerón (Riolobos). El tipo B se corresponde con pantanos cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede producir daños materiales o medioambientales importantes, o afectar a un número reducido de viviendas.

El mayor grupo es el C, que aglutina al resto, cuyo desbordamiento o reventón generaría daños moderados y solo incidentalmente pérdida de vidas humanas. Hay 21 en el listado de la Diputación Provincial. Cuatro son grandes presas: Nuñomoral, Garrovillas de Alconétar, Valdelacasa del Tajo y Alía. El resto son pequeñas: Salorino, Malpartida de Plasencia I, Las Martinas (Casar de Palomero), Pescueza, Gargantón (Villanueva de la Vera), Brozas, Arroyo de la Luz, La Cota (Santiago de Alcántara), Mata de Alcántara, Monroy, El Cotillo (Herrera de Alcántara), Valdefuentes, Charca del Cura (Alcuéscar), Ibahernando, Las Moreras y El Charco (Tejeda de Tiétar), y Torremenga.

«No parece prudente exponerse a vaciar las primeras porque muchas son de abastecimiento. Otras han creado con el tiempo un ecosistema al que se causaría perjuicio», sostiene Alfonso Beltrán. Tanto la Categoría B como la C no resultan tan urgentes, pero hay que acometerlas sí o sí. Máximo cinco años.

En definitiva, «se trata de un problema grave para los ayuntamientos, al que desde la Diputación Provincial estamos tratando de buscar una solución», asume Beltrán. «Una vez que hemos conocido los resultados del estudio, el paso siguiente consiste en abrir un proceso de diálogo con las administraciones, con la Confederación Hidrográfica del Tajo y con la Junta de Extremadura, para estudiar soluciones concretas y ver la posibilidad de trazar un plan que permita acometer las inversiones lo antes posible, sobre todo las que más urgen, a fin de legalizarlas antes de un año», señala el vicepresidente de la Diputación. Dicha institución se muestra dispuesta a financiar una parte en su próximo presupuesto, «porque para los ayuntamientos ciertamente resulta inviable».

El asunto se gestionará directamente a través del nuevo Consorcio MasMedio, creado por el organismo provincial con el objetivo de poner orden en los asuntos medioambientales de la geografía cacereña. Los alcaldes ya conocen la situación de sus pantanos. El presidente de la Diputación, Carlos Carlos, acompañado por Alfonso Beltrán, se ha reunido recientemente con ellos a fin de darles todos los detalles. La casuística de sus respectivos pantanos es variada. En algunos casos carecen de aliviaderos, en otros existe exceso de vegetación junto a la presa… «Esto no quiere decir que se produzca un accidente en los próximos años pero existe una posibilidad, por eso debemos actuar lo antes posible. Hay una normativa y los pantanos deben cumplirla, pasar su propia ITV», matiza Beltrán.