EL GOBIERNO, según leemos en la prensa, acaba de aprobar una medida que flexibiliza —¡vivan los eufemismos!— el bachillerato. Se trata de que los alumnos de primer curso que sean suspendidos en tres o cuatro asignaturas —de las ocho o nueve que constituyen el correspondiente plan de estudios— no habrán de repetir obligatoriamente dicho curso, pudiendo matricularse al año siguiente de varias asignaturas de segundo. Como apreciará el lector, se trata de un modo tan sui géneris como pedestre de acabar con el llamado fracaso escolar. Un ¿estudiante? que, pongamos por caso, no alcance el nivel mínimo en materias tan fundamentales como Lengua, Inglés, Historia y Matemáticas, podrá pasar al nivel siguiente como en el juego de la oca: porque le toca.

Y eso sucederá al tiempo que las compañías tecnológicas españolas están suplicando a las autoridades para que flexibilicen los criterios que permiten contratar a inmigrantes cualificados (ingenieros, matemáticos, físicos), porque con los titulados españoles no cubren sus crecientes necesidades de personal debidamente preparado.

De modo que no es difícil predecir qué ocurrirá al cabo de unos años: los titulados españoles verán incrementado su desprestigio y los puestos de mayor responsabilidad, al menos en el mundo empresarial, serán ocupados por meritorios jóvenes procedentes de lugares donde no se andan con tonterías a la hora de seleccionar a los mejores. La no exigencia, la falta de rigor, que se inician en colegios e  institutos y  continúan en universidades, se volverán a corto plazo contra aquellos a quienes se dice proteger. Si las intenciones de los  responsables educativos fueran buenas —y no hay por qué dudarlo— habría que recordarles de qué está empedrado el camino del infierno.