Según el diccionario de la lengua española de la RAE, la palabra genocidio significa"exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad". La palabra masacre "matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida" y el verbo exterminar "acabar del todo con algo" y "desolar, devastar por fuerza de armas".

No seré yo el que juzgue los acontecimientos acaecidos en los últimos días en Birmania (Myanmar), guiado por las opiniones e información que estos días inundan los medios de comunicación, aunque todo parece indicar que en el caso que nos ocupa, ha habido algo más que un ciclón, ha habido una oleada de circunstancias, me temo que algunas de ellas relacionadas con los términos con los que he comenzado estas palabras y que obedecen a una situación que no quisiera para un país como España.

¿Cómo se entiende que en miles de víctimas sufran las terribles consecuencia de este nuevo fenómeno cuando existen métodos para poder pronosticar con tiempo suficiente lo que se venía encima y no se haya avisado a la población de ello?¿Cómo es posible que una vez producido el desastre y vistas las consecuencias aún haya quien se resista a recibir la correspondiente ayuda, a sabiendas de que es necesaria? ¿Cómo se pueden anteponer intereses políticos a intereses humanitarios?¿Acaso no estamos ante un gravísimo caso de negligencia contra la humanidad, de responsabilidades directas de quienes ostentan el poder en este lugar del mundo, por dejación y por mirar para otro lado ante lo que era evidente?

Me pregunto yo porqué en otras situaciones menos conflictivas y con menos indicios de actos delictivos contra la humanidad -como fue el caso de Irak- si intervino el todopoderoso país del planeta y ahora, en este, como en otros muchos donde la situación es peor y potencialmente están expuestos al mismo problema, han preferido mantenerse al margen. Todo está meridianamente claro, en este país, del que no se conoce mucho, es probable que no tengan petróleo, o alguna materia prima de las consideradas por los imperialistas, estratégicas para sus intereses, y ante esto, prefieren no gastar esfuerzos.

¡Qué cruel e injusta es la vida, o quizás somos las personas!

Muchas veces, quienes nos afanamos –a veces casi de forma obsesionada- en defender causas en las que creemos, en este caso, la dignificación del mundo rural, solemos aliarnos con la soledad y el silencio, como verdaderos hilos conductores de nuestros deseos y como drogas que no hacen sino estimular nuestras pretensiones para nada utópicas, con las que nos levantamos cada día. Mi paso por un pueblo pequeño en extensión, pero magno en humanidad, como es Pescueza, y la fortuna de toparme con un joven soñador y además neorrural, como es su alcalde, José Vicente, me ha hecho sentirme menos sólo y con mayor fortaleza si cabe ante mi particular cruzada en torno a los problemas y necesidades de los pueblos, de las zonas menos desarrolladas ubicadas en el medio rural, y que suele ser común denominador en las palabras que cada semana hilvano en este diario.

Mi presencia en esta localidad de la zona del Alagón me ha enriquecido como persona, como ruralista y sobre todo como extremeño. Nuestra región no debe dejar escapar la oportunidad que aún nos brinda la cultura, la tradición, la pureza y el saber que se cobija en los pueblos pequeños ubicados en los ámbitos más rurales, en lugares desconocidos y a veces intransitables. La Extremadura rural bien merece una dedicación profunda, en lo político que creo comienza a tenerse en cuenta, pero también en lo social.

Los modelos de convivencia de nuestros pueblos –y en eso este al que me he referido me ha ilustrado profundamente- gozan aún de una buena salud en valores como la cercanía, la solidaridad, la hospitalidad, etcétera… Algo que en otros lugares se perdió hace muchos años. Ese valor añadido - el de las personas, el de la cultura, el que nos caracteriza como región y como pueblo- es al menos para mi, una de las potencialidades más interesantes con las que cuenta nuestro territorio mayoritariamente rural. Por tanto, es importante tomar conciencia sobre ello antes de planificar, diseñar y aplicar las distintas políticas regionales.

Todo parece indicar que, como ya sucediese en la anterior legislatura con la reforma de los estatutos, en esta que acaba de comenzar va a producirse un clima tenso -no exento de calurosos debates- en torno a la financiación de las autonomías; asunto que, como ya ha sucedido con el caso de los trasvases, arrastrará a otro muchos, saliendo de nuevo a la luz viejas reivindicaciones históricas, y provocando, al menos en lo político, confrontaciones, derivadas de los intereses dispares y visiones radicalmente opuestas que tienen los diferentes territorios que conforman este país.

El carácter descentralizador y las diferentes connotaciones socioeconómicas que caracterizan a nuestro sistema democrático, así como una necesaria metamorfosis provocada por la propia realidad, exige cambios y reformas, que no podían ignorar este nuevo reto al que se enfrentan las autonomías. No será fácil el debate político, especialmente para quienes tienen la responsabilidad y el compromiso de plantearlo, merced a su mayoría parlamentaria. A pesar de ello, se hace necesaria una aptitud solidaria, responsable y una puesta en práctica de una subsidiariedad adecuada y eficaz, de modo que se eviten al máximo las discriminaciones, especialmente en cuestiones universales como son la Sanidad, la Educación o las prestaciones sociales.

La cohesión territorial que a día de hoy existe en nuestro país, no ha de cambiar por el mero hecho de tener que revisar las relaciones entre el Estado y las Regiones. En mi opinión este nuevo contexto político que se plantea, y que ha comenzado ya a generar algunos movimientos extraños, era necesario para transformar una situación que no satisface del todo a todos. La falta de entendimiento y enfrentamientos entre regiones del mismo signo político y la diversidad y subjetividad de propuestas, marcarán un nuevo periodo, apasionante y apasionado, donde no faltarán alianzas estratégicas insólitas, acuerdos a priori imposibles, algo de teatro y espero que, buenos resultados.

A falta de que la Comisión Europea de el visto bueno al Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (PDR), que previsiblemente se realizará en las próximas semanas, el MAPA ha distribuido ya un montante de poco más de 106 millones de euros para medidas específicas de desarrollo rural, que serán financiadas en su mayoría por el nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y cofinanciadas por el Estado y las Comunidades Autónomas. Se trata del montante más generoso que ha recibido Extremadura desde que se iniciasen este tipo de programas a principios de los años 90, pasando de una cantidad de 69.411,8 euros en el periodo 1994-1999 a poco más de 9 millones para el periodo 2007-2013. Por regiones, Extremadura ocupa el quinto lugar en dotación de fondos, excluyendo otras asignaciones presupuestarias ligadas a otros programas, al margen del desarrollo rural.

Otra cuestión bien distinta es vaticinar dentro del territorio extremeño, y una vez aprobado el PDR regional, cómo quedará el reparto, específicamente en lo que a Grupos de Acción Local y a programas comarcales se refiere, y cómo se favorecerá a las zonas más desfavorecidas y con menor desarrollo socioeconómico, las que, a pesar de que se ha avanzado en los últimos años, necesitan de un mayor impulso y de un mayor apoyo para poder lograr esa convergencia a la que esta llamada toda la región, y que definitivamente nos aleje de los ratios negativos de renta que nos sitúan por debajo de la media europea. En este sentido se hace necesario un importante esfuerzo político para calibrar y equiparar a los territorios o comarcas más rurales, con las consideradas con un menor grado de ruralidad, y que presentan un mayor desarrollo económico, social y cultural, a pesar de que la práctica totalidad de nuestra región es considerada rural. Para mí, y es una opinión muy personal, el carácter rural suele estar asociado a mayor despoblamiento, menos recursos y mayores carencias. Por tanto, buscando también esa estrecha relación entre agricultura y desarrollo rural, entre las actividades tradicionales agrarias y las nuevas formas de creación de riquezas en los entornos menos urbanizados, incluso con la implantación de industrias no agresivas, se debe reflexionar en profundidad para equilibrar –ahora que están en boga- las balanzas fiscales del medio rural.

Algunas zonas de Extremadura tienen un potencial enorme, unos recursos endógenos, humanos y naturales, únicos y extraordinariamente sensibles a posibles desequilibrios provocados por cálculos erróneos o por otras motivaciones. El momento que vive Extremadura es bueno, el contexto que Fernández Vara ha perfilado para el futuro tiene peso e inspira confianza al diálogo y al consenso, no sólo en cuestiones de empleo, también en el desarrollo equilibrado y sostenible de todos los territorios por igual. En ese camino han de aventurarse y ser cómplices también los actores del medio rural, hombres y mujeres, con tremendas y amplias brechas con respecto al medio urbano, pero con una fuerza singular. De nada sirve la voluntad y el afán de superación que se ha iniciado en las comunidades rurales en los últimos quince años, salvando no pocos obstáculos, si no se les dota e impulsa lo suficiente para ganar el futuro sin complejos ni diferencias, con medidas innovadoras, con leyes - como la aprobada al final de la pasada legislatura de Desarrollo Sostenible del Medio Rural,- y sobre todo con inversiones y con incentivos al desarrollo económico, social y cultural.

Por tanto, es mi deseo -como persona vinculada a un territorio rural inmerso en una maraña de dificultades de todo tipo, y por tanto conocedora profunda de las necesidades del día a día- que el punto de optimismo que los fondos europeos aún nos dejan, no se vea truncado por otro tipo de desajustes, de connotaciones sociopolíticas que no hagan sino desvirtuar el camino iniciado y borrar del territorio algunas alianzas estratégicas, claves para el futuro de los pueblos y de sus gentes.

Hace unos días pasé por la conocida Gran Vía madrileña, y no se pueden imaginar el movimiento y la actividad que se respiraba en la calle, y también en las tiendas y establecimientos comerciales que inundan este rincón. Imagino que a la misma hora, el centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres, El Corte Inglés de Badajoz o cualquier centro comercial, abierto o cerrado, de Extremadura, sufría el mismo tipo de overbooking, que parece contradecir a la, ya constada por expertos economistas, desaceleración económica y que va camino de convertirse, según algunos, no sabemos si agoreros o profetas, en una nueva crisis económica mundial que comienza ya a manifestarse en el sector inmobiliario.

Parece que la exagerada subida del precio de alimentos básicos como el pan o la leche, las subidas de hipotecas y desconfianza de los bancos, la bajada del precio de la vivienda y la pérdida de protagonismo de la construcción, con consecuencias inmediatas sobre el empleo y sobre la desaparición de un gran número de empresas, no vaya con nosotros, con los ciudadanos de a pie, que en términos generales seguimos generando los mismos gastos a mayor precio, percibiendo en el mejor de los casos el mismo sueldo, y eso sí, con menos oportunidades o mayores dificultades para planificar el futuro, especialmente quienes aún no disponen de vivienda y necesitan capital ajeno para su adquisición.

El recién firmado Plan de Fomento y Calidad en el Empleo en Extremadura ha de ser ágil y eficaz ante la tormenta que parece se nos avecina. Ha de complementarse con las medidas anunciadas en la primera sesión de investidura por Zapatero, y que parecen a priori coherentes y prácticas contra estas turbulencias que parecen sacudir a la economía global, originadas en lugares muy lejanos y por motivos ajenos a los ciudadanos de a pie. Mis esperanzas están puestas en que realmente se cumpla el dicho popular de que después de la tormenta llega la calma, y que este aluvión pueda finalmente contenerse sin traumas.

Lo vengo repitiendo de cuando en cuando, y machacando en cada ocasión en la que tengo oportunidad de hacerlo. No hay derecho y me parece una indecencia que en las zonas rurales -especialmente aquellas en las que las orografía es acusada, y existen muchas sierras y valles, como el caso de Las Villuercas- se pague, paguemos las mismas tarifas que en las zonas urbanas por el consumo de ADSL, en mi caso 39 euros, cuando nos están ofreciendo menos anchura que la que se ha contratado, no alcanzándose jamás los 3 MB que figuran como contratados.

Un conocido portal, que además he utilizado en infinidad de ocasiones para testar la velocidad de mi línea, ha publicado hace unos días unos datos demoledores en este sentido, que vienen a corroborar las palabras de un servidor, y a poner en duda la igualdad de los ciudadanos, también en cuestión tecnológica, por lo que ya va siendo hora de que vayamos creando una plataforma o algo así, que nos sirva para que las autoridades y administraciones competentes exigan a las compañías, en mi caso Timofónica, que me diga Telefónica, cumplan a rajatabla las condiciones contratadas y otorguen a sus clientes el servicio de manera plena, sin fraudes.

Según el estudio realizado por este portal, en las zonas rurales navegamos diez veces más lentos que en las urbanas, lo que supone un desequilibrio brutal y un escándalo de primera magnitud. Ante esta situación espero que el nuevo gobierno que comenzará su andadura nos pueda regalar alguna ley para la igualdad tecnológica, entre zonas urbanas y rurales, con mayor contundencia con la que se especifica en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural aprobada en el último tramo de la legislatura anterior.

Por todo ello, hoy mismo pondré en marcha en Facebook un grupo al que denominaré "Por la igualdad tecnológica de las zonas rurales" al que os invito a todos y a todas.