Todo parece indicar que, como ya sucediese en la anterior legislatura con la reforma de los estatutos, en esta que acaba de comenzar va a producirse un clima tenso -no exento de calurosos debates- en torno a la financiación de las autonomías; asunto que, como ya ha sucedido con el caso de los trasvases, arrastrará a otro muchos, saliendo de nuevo a la luz viejas reivindicaciones históricas, y provocando, al menos en lo político, confrontaciones, derivadas de los intereses dispares y visiones radicalmente opuestas que tienen los diferentes territorios que conforman este país.

El carácter descentralizador y las diferentes connotaciones socioeconómicas que caracterizan a nuestro sistema democrático, así como una necesaria metamorfosis provocada por la propia realidad, exige cambios y reformas, que no podían ignorar este nuevo reto al que se enfrentan las autonomías. No será fácil el debate político, especialmente para quienes tienen la responsabilidad y el compromiso de plantearlo, merced a su mayoría parlamentaria. A pesar de ello, se hace necesaria una aptitud solidaria, responsable y una puesta en práctica de una subsidiariedad adecuada y eficaz, de modo que se eviten al máximo las discriminaciones, especialmente en cuestiones universales como son la Sanidad, la Educación o las prestaciones sociales.

La cohesión territorial que a día de hoy existe en nuestro país, no ha de cambiar por el mero hecho de tener que revisar las relaciones entre el Estado y las Regiones. En mi opinión este nuevo contexto político que se plantea, y que ha comenzado ya a generar algunos movimientos extraños, era necesario para transformar una situación que no satisface del todo a todos. La falta de entendimiento y enfrentamientos entre regiones del mismo signo político y la diversidad y subjetividad de propuestas, marcarán un nuevo periodo, apasionante y apasionado, donde no faltarán alianzas estratégicas insólitas, acuerdos a priori imposibles, algo de teatro y espero que, buenos resultados.